La Justicia hizo lugar a un amparo colectivo para que el gobierno de Milei reactive las obras en rutas nacionales de PBA
La diputada de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, denunció desvío de fondos viales y, el juez federal Kreplak pidió informes urgentes a Economía, Vialidad y el Banco Nación.
La Justicia federal habilitó el trámite de un amparo colectivo que apunta a reactivar las obras y el mantenimiento de la red vial nacional en la provincia de Buenos Aires. La decisión, firmada por el juez Ernesto Kreplak, pone bajo la lupa el uso de los fondos del fideicomiso creado por el decreto 976/01 y obliga al Estado a responder en plazos breves.
La causa, identificada como 35671/2026, fue promovida por la diputada nacional Victoria Tolosa Paz contra el Ministerio de Economía de la Nación, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Banco de la Nación Argentina. El planteo reclama que esos organismos adopten “de manera inmediata y coordinada todas las medidas necesarias” para cumplir con las obligaciones ya asumidas en infraestructura vial dentro del territorio bonaerense.
El amparo no se limita a un tramo puntual ni a una obra específica: alcanza al conjunto de la red vial nacional en la provincia. El colectivo alcanzado incluye a los usuarios efectivos y potenciales de esas rutas, lo que le da al expediente un alcance general y un impacto directo sobre la circulación, la producción y la seguridad vial.
Kreplak dispuso además la inscripción de la causa en el Registro de Procesos Colectivos de la Corte Suprema, como exige la Acordada 12/2016. La consulta previa a ese registro no arrojó otros expedientes de igual naturaleza, por lo que el juez avanzó con el trámite sin superposiciones.
En paralelo, el magistrado requirió a la DNV y al Ministerio de Economía que presenten en tres días el informe previsto en el artículo 4, inciso 1, de la ley 26.854, que regula las medidas cautelares cuando el Estado es parte. El mismo plazo corrió para el Banco Nación, y a los tres organismos también se les fijaron diez días para responder el informe del artículo 8 de la ley 16.986, que rige el amparo.
El eje de la presentación está en la administración de los recursos del Sistema de Infraestructura de Transporte (SISVIAL), alimentado por el impuesto a los combustibles líquidos. Tolosa Paz sostuvo que tres de cada cuatro pesos del fondo habrían sido derivados a instrumentos financieros —bonos, títulos y acciones— en lugar de aplicarse a obras viales, y calculó en $1,5 billones el monto que, según su denuncia, debería haberse destinado al mantenimiento y la construcción de rutas en la provincia.
«El Gobierno cobra un impuesto a los combustibles para mantener nuestras rutas y, en lugar de destinarlos a obras, tres de cada cuatro pesos del SISVIAL fueron a la timba financiera», escribió la legisladora en sus redes sociales.
La diputada acompañó la acción judicial con una denuncia contra los funcionarios responsables de esa administración. En otra publicación, afirmó: «Para este Gobierno, la plata de los argentinos es negocio financiero», y reclamó que esos fondos se orienten hacia «trabajo, producción y un Estado que cuide».
El expediente quedó radicado en la Secretaría N° 5 del Juzgado Federal de La Plata. Kreplak pidió a la parte actora que acompañe los proyectos de oficio dirigidos a cada organismo demandado para su control previo, y ahora la causa espera las respuestas de Economía, Vialidad y el Banco Nación dentro de los plazos fijados.
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