07/10/2026

La Justicia declaró inconstitucional el DNU de Milei y ordenó la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario

LeyFinanciamientoUniversitario10_06102026

El juez federal Martín Cormick intimó al gobierno de Milei a girar los fondos y actualizar los salarios docentes de manera inmediata.


 

La Justicia declaró inconstitucional el DNU de Milei y ordenó la urgente aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

 

La Ley de Financiamiento Universitario deberá aplicarse de inmediato. Así lo resolvió el juez federal Martín Cormick, quien declaró inconstitucional el tramo del decreto 759/2025 que permitía al Gobierno condicionar su cumplimiento a la disponibilidad de fondos.

 

La decisión fue tomada por el titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, que hizo lugar a un amparo colectivo promovido por el Consejo Interuniversitario Nacional, universidades y docentes, y a la presentación realizada por la Universidad de Buenos Aires (UBA).

 

El decreto cuestionado remitía al artículo 5° de la Ley de Administración Financiera. Esa norma establece que las leyes que impliquen gastos deben prever su financiamiento y que, si no existen partidas asignadas, su ejecución queda suspendida hasta que sean incorporadas al Presupuesto.

Cormick consideró que esa condición no podía utilizarse para impedir la aplicación de la ley universitaria. Por eso declaró inconstitucional el decreto “en lo relativo a la mención incluida ‘sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley N° 24.629’”.

 

Además, ordenó al Ejecutivo «el cumplimiento inmediato de la Ley de financiamiento universitario con el dictado de las normas reglamentarias y ejecutorias necesarias».

 

En sus fundamentos, el juez sostuvo que el mecanismo utilizado por el Gobierno funcionó como un «mecanismo extraconstitucional». También señaló que el artículo 9° de la propia ley establece herramientas para que el Ejecutivo pueda redistribuir las partidas necesarias para cumplirla.

Cormick recordó que ya había una medida cautelar que obligaba a aplicar las disposiciones referidas a salarios y becas.

También citó un cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, según el cual el costo de la ley durante 2025 representaba el 0,23% del PBI.

 

 

© Grupo Agencia del Plata, todos los derechos reservados