Argentina | El gobierno de Milei volvió a reprimir el histórico reclamo de jubilados y discapacitados generando un fuerte repudio
Una jornada de extrema tensión se vivió en Argentina este miércoles en las inmediaciones del Congreso de la Nación, donde una columna de jubilados y discapacitados fue interceptada por un fuerte operativo de las fuerzas de seguridad. Represión, golpes, detenidos y heridos.
🔴»Vino un superior y se llevo a la policía que le dijo barbaridades a la jubilada»
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Jubilados y familiares de personas con discapacidad protagonizaron este miércoles una nueva protesta frente al Congreso de la Nación, donde se registraron incidentes y momentos de tensión tras el despliegue de un fuerte operativo policial dispuesto por el Ministerio de Seguridad.
Los manifestantes se concentraron para exigir un aumento en los haberes previsionales y el pago de deudas acumuladas en prestaciones de discapacidad, que en muchos casos se arrastran desde septiembre de 2025. Sin embargo, el reclamo se vio atravesado por la implementación de un cordón policial destinado a impedir cortes de calle en la zona.
Del operativo participaron efectivos de la Policía Federal y de Gendarmería, quienes aplicaron el «protocolo antipiquetes vigente». Como consecuencia, se produjeron empujones, agresiones y al menos tres personas fueron demoradas durante la jornada.
🔴Así se llevan a los jubilados detenidos por manifestarse en la marcha de los miércoles
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Uno de los episodios más tensos ocurrió cuando las fuerzas de seguridad retiraron por la fuerza una carpa instalada por los manifestantes. En medio del operativo, incluso, una persona en silla de ruedas quedó en el centro del forcejeo, lo que generó mayor preocupación y repudio entre los presentes.
La protesta también incluyó el reclamo por la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, en un contexto de creciente conflicto con el Gobierno nacional. Días atrás, estos mismos sectores se habían movilizado frente a la Casa Rosada con demandas similares y habían advertido sobre la posibilidad de profundizar las medidas ante la falta de respuestas.
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En cuanto al trasfondo del conflicto, los jubilados denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo, mientras que familiares, prestadores y transportistas del área de discapacidad reclaman por retrasos en pagos del Programa Incluir Salud y del PAMI, lo que afecta directamente la continuidad de servicios esenciales.
Además, desde el sector señalan que la falta de financiamiento responde a demoras en la transferencia de fondos nacionales, lo que agrava aún más la situación. Esta problemática se da, a su vez, en medio de una crisis institucional en el área de discapacidad, atravesada por investigaciones judiciales.
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