Eduardo Valdés presentó un proyecto para excluir a funcionarios de la Ley de Inocencia Fiscal
El diputado nacional peronista, Eduardo Valdés, presentó una iniciativa para excluir a funcionarios públicos, personas políticamente expuestas y sus familiares directos del régimen de regularización patrimonial. El proyecto apunta a reforzar los controles de integridad y a evitar que esos mecanismos alcancen a quienes ejercen funciones de alta responsabilidad institucional.
El diputado nacional Eduardo Valdés presentó un proyecto para impedir que funcionarios públicos y personas políticamente expuestas se incorporen al régimen de la Ley de Inocencia Fiscal. Sostuvo que «permitirlo contradice principios básicos de transparencia y abre la puerta a posibles maniobras de ocultamiento patrimonial».
Afirmó que quienes administran recursos del Estado «deben estar sometidos a controles más estrictos y no beneficiarse con mecanismos de regularización» que reducen las exigencias de rendición de cuentas. En ese marco, Eduardo Valdés propuso modificar la Ley 27.799 para excluir a funcionarios de los tres poderes, a las personas políticamente expuestas y a sus familiares directos.
El legislador de Unión por la Patria advirtió que la normativa vigente «choca» con las obligaciones de la Ley de Ética Pública y con compromisos internacionales asumidos por la Argentina en materia de prevención de la corrupción y lavado de activos. Señaló, que permitir que personas públicas utilicen este régimen podría «blindar dinero de origen ilícito desde el punto de vista penal y tributario», sin exigir explicaciones sobre el crecimiento patrimonial durante el ejercicio de la función pública.
En su planteo, Valdés calificó la situación como «éticamente inaceptable» y recordó que las recomendaciones del GAFI establecen controles reforzados para las personas políticamente expuestas por el «mayor riesgo de corrupción» asociado a sus funciones. La iniciativa busca armonizar la legislación tributaria con la Ley de Ética Pública y con las convenciones internacionales contra la corrupción, con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control sobre quienes ocupan cargos en el Estado.
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