Tucumán: 12 años de prisión para un apropiador
Un excapitán del Ejército fue condenado por la sustracción y ocultamiento del nieto restituido Marcos Eduardo Ramos y de su hermano Ismael. El Tribunal pidió una reparación integral a las víctimas e instó al Estado a cumplir con su obligación de buscar e identificar a las personas desaparecidas.
El Tribunal Oral Federal de Tucumán condenó a 12 años de prisión al excapitán del Destacamento de Inteligencia 142 del Ejército, Carlos Alberto Vega, como partícipe necesario de la apropiación del nieto Marcos Eduardo Ramos y de su hermano, Elías Ismael Suleiman.
El juicio, que se extendió por más de dos meses, permitió reconstruir el horror que vivió la familia Ramos en noviembre de 1976. Rosario del Carmen Ramos, madre de los niños, fue secuestrada y permanece desaparecida hasta hoy. Ese año, Marcos, de apenas cinco meses, y su hermano Ismael, de 8 años, fueron arrancados de su hogar en Tucumán y trasladados a una quinta en Tafí Viejo. Ismael logró escapar, pero Marcos quedó en poder de sus apropiadores durante más de cuatro décadas.
El testimonio que conmovió al tribunal
La restitución de su identidad en 2018 abrió para Marcos una herida y una posibilidad. Durante el debate, declaró ante los jueces: «Ha cambiado mi vida, antes nunca me había sentido querido». En el transcurso del proceso, nuevos análisis del Banco Nacional de Datos Genéticos revelaron que es hijo de Pastor Dante Campos, también desaparecido, lo que le permitió conocer a su familia paterna.
Los jueces Marta Liliana Snopek, Carlos Alberto Páez y Juan Pablo Rojas determinaron que los crímenes investigados constituyen delitos de lesa humanidad, rechazaron los planteos de la defensa y hallaron a Vega culpable por hacer incierto el estado civil de Ismael y adulterar el de Marcos. El condenado continuará bajo prisión domiciliaria con monitoreo.
Reparación integral y obligación del Estado
El fallo ordenó una reparación integral para las víctimas y la continuidad de su tratamiento psicológico. La magistrada Snopek, al leer la sentencia, enfatizó: «Es obligación del Estado identificar a las personas desaparecidas y garantizar el derecho a la identidad», e instó a preservar el Banco Nacional de Datos Genéticos, la CONADI y los equipos de búsqueda.
La lectura completa de los fundamentos de la sentencia fue fijada para el próximo 26 de agosto, en un caso que no solo hace justicia a dos hermanos, sino que recuerda la deuda pendiente que el Estado argentino mantiene con miles de familias que aún buscan respuestas.
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